La casaca de la cárcel III

Ya dijimos: la cárcel genera más problemas de los que resuelve; al meter a alguien preso no se resuelve ningún conflicto, más bien se generan nuevos problemas a partir de la captura, muchos de ellos más violentos que el originario.

Entonces, ¿qué hacemos?

Centro Juvenil de Privación de Libertad Etapa II, San José Pinula, Guatemala.

¿Y qué nuevos problemas son esos? Para empezar, problemas logísticos y económicos para el Estado porque la cobertura punitiva tiene un alto costo y nunca, pero nunca, es suficiente para abarcar todo el territorio, todo el tiempo, en todas las ocasiones en que se necesita. Además, porque significa otorgarle poder a unos sobre otros, con resultados no siempre idóneos: ¿cuántos ejemplos habrá de policías y jueces corruptos, de escuadrones de la muerte y en el mejor de los casos cotidianos de agentes de policía prepotentes al ejercer su “autoridá”?

Pero también genera problemas para las personas. Para las víctimas, porque su privacidad se ve expuesta. A la prensa le gustará mostrarlas desvalidas y desaliñadas para vender morbo al público; a quienes proveen servicios y bienes de seguridad al Estado, para justificar cada vez más gastos en la materia.

Afecta, por supuesto, a los victimarios, sean culpables o no. Ninguna captura deja de ser traumática por la violencia que lleva aparejada y además porque socialmente significa una condena de la cual casi nadie logra recuperarse. Estar preso abre la puerta para transgredir de mil formas las leyes del país porque cualquier persona querría pagarle a los policías una mordida para que lo dejen irse o a los fiscales y jueces para que los absuelvan. Además, porque la prisión los sumerge en una cultura permanente de violencia y sumisión para conservar la vida (sea frente a las autoridades estatales o frente a otros reos con igual o más poder).

En fin, la gente cree que afuera de la cárcel están los buenos y adentro los malos. ¡Tonta ilusión esa! La cárcel no es un problema de justicia o de legalidad, sino de poder. Adentro estarán siempre los <<sin poder>> y afuera los que deciden todo: la economía del país, la legalidad, etc… Los que deciden todo, claro, en tanto no caigan en desgracia frente a otro más poderoso…

Pero y si la cárcel es tan negativa, ¿por qué la mantenemos? Pues así sinceramente diremos que es porque hay casos para los cuales no se ha encontrado ninguna otra respuesta. No es posible pensar en otro lugar para los capos de la droga, asesinos seriales o a sueldo, violadores sexuales, etc. Sin embargo, estos no son la mayoría de los casos y no es más que populismo penal puro venderle a la población la idea de que cada vez es más urgente la cárcel partiendo de este tipo de casos, mediáticamente preparados para infundir temor.

Expertos del mundo han señalado hasta el cansancio que lo primero por lo que se debe empezar para utilizar menos la cárcel es prevenir la violencia y el delito. Cultura de prevención es aquella que cambia sus prioridades: en vez de gastar cada vez más en policías o en barrotes, gasta más en maestros, vacunas o en generación de empleos. La consigna sería algo así como: más política social, menos derecho penal.

Pero además, es urgente retomar la discusión sobre el sentido de la cárcel: ¿de verdad nos sentimos más seguros como país mientras más gente esté metida allí adentro? La lógica indica que es imperativo revisar el catálogo de delitos y definir verdaderamente en cuáles centraremos el recurso punitivo cárcel. El penalista Julio Maier ha dicho en alguna ocasión que para él, el listado de delitos para los cuales se debe contemplar la cárcel no debe ascender de unos 30.

Y aún así, reduciendo al mínimo necesario la cantidad de delitos, es posible tomar diferentes vías para reducir la cárcel. Una de ellas es entender que no es necesario tener a una persona 24 horas al día metida en una celda. Para el efecto, existen regímenes semi abiertos o flexibles de privación de libertad, según los cuales las personas deberían dormir en cárceles, pero de día salir a trabajar; los fines de semana también pueden ser negociables según las personas se comprometan a estudiar o hacer otro tipo de actividades de formación ciudadana o apoyo comunitario. Obviamente este modelo implica organización estatal. Alguien que está en dichas condiciones flexibles, es lógico que no vaya a compartir celda con crimen organizado.

Otra vía para reducir el uso de la cárcel es diversificar la oferta punitiva. En este caso, es importante diferenciar las dos formas de prisión que existen: la que deviene de una condena firme emitida por juez competente y la que deviene preventiva en tanto se prepara una investigación y se celebra un juicio.

La cárcel como pena puede ser sustituida por otras penas tales como trabajo comunitario orientado a reparar un daño causado (dependiendo del delito), a pedir disculpas públicas, etc. Cabe señalar que sobre esto existe un gran ejemplo, y es el Derecho Indígena. Dado que en este sistema jurídico no existe la prisión, muchas veces la pena consiste en la reparación del daño, según las circunstancias del caso concreto.

En cuanto a la prisión preventiva, el mismo derecho penal da varias medidas que los jueces pueden utilizar para garantizar la presencia del acusado en juicio. Sin embargo, el problema nuevamente es de poca capacidad de organización estatal. Por ejemplo: existe la medida de obligación de firmar semanalmente un libro, para demostrar que el enjuiciado no se ha dado a la fuga. El problema se da porque al no existir una oficina de control de medidas, llega el momento en que el sistema judicial no sabe a ciencia cierta si el procesado lo firma o no. Ante dicha excusa, los jueces se resisten a utilizar tal medida. En otros países lo que existe es un mecanismo de firma mediante huella digital en kioskos puestos a disposición de los tribunales. Así, automáticamente la computadora sabe quiénes sí y quiénes no han cumplido y pueden informarle al juzgador.

Centro Correccional Etapa II. Fotografía de Moisés Castillo

Y, como ya se indicaba, el hecho de que se reduzcan los delitos no significa que haya acciones que el Estado no deba sancionar. Para el efecto, existe el derecho administrativo sancionatorio. Últimamente hemos visto que las empresas evasoras de impuestos reaccionan más rápidamente ante la amenaza de una intervención de la Superintendencia de Administración Tributaria, que ante la amenaza del proceso penal y de sus penas.

Otro ejemplo de lo anterior puede darse en el caso de los accidentes de tránsito. La potestad de retirarle licencia de conducir para siempre a una persona que conduce bajo efectos del licor es mejor que amenazarlo con irse preso. A esto se le pueden agregar sanciones económicas y hasta suspensión de tarjetas de circulación para autos de ebrios reincidentes.

La clave iluminadora: la amenaza no funciona. Y en tanto la amenaza de la cárcel no funcione (la evidencia es la enorme cantidad de delitos que se cometen cada año sin poder darles ningún trámite, acrecentándose así la impunidad), lo mejor es abordar la conflictividad desde otras perspectivas. Pero desafortunadamente estas otras perspectivas requieren pensar, y esta es, al parecer, la mayor fobia de nuestros políticos y legisladores, pues confiados en que contribuyen al país, andan siempre tras la creación de más delitos y no en formas más efectivas de afrontar la conflictividad social desde una perspectiva ingeniosa y democrática.

Y a veces no es simple pereza mental; en el fondo también hay una razón ideológica: pensar en menos cárcel es pensar en limitar al Estado la capacidad de control a la población, principalmente a quienes tienen menor cobertura política, y eso no parece verosímil para los conservadores, pro-militaristas y fascistas.

Leé acá las dos primeras entregas

Entrega I

La casaca de la cárcel

Entrega II

La casaca de la cárcel II

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